Un despacho de IA gana el primer juicio en Inglaterra: Garfield AI cobró £400 por reclamar £7.000

El 22 de junio de 2026, The Guardian publicó una noticia que marca un hito en la historia del derecho anglosajón: una firma de abogacía basada en inteligencia artificial, Garfield AI, ha ganado un caso ante un tribunal inglés, en lo que se considera la primera vez que un proceso judicial termina con victoria gracias al trabajo de un abogado artificial.

La protagonista del caso es Tamires Camal Taquidir, consultora freelance de recursos humanos, que acudió a Garfield AI para reclamar una deuda impagada de 7.000 libras esterlinas. El coste total que pagó a la plataforma fue de aproximadamente 400 libras, una fracción ínfima de lo que habría supuesto contratar a un despacho tradicional para litigar esa misma cantidad. Garfield AI preparó la carta de reclamación legal, inició los procedimientos judiciales y elaboró toda la documentación necesaria para el juicio, que incluyó cuatro declaraciones testificales y un dossier completo de documentos para una vista de tres horas celebrada el 14 de mayo en el Juzgado de Primera Instancia de Wandsworth (Wandsworth County Court).

El caso no fue sencillo: la parte demandada, que contrató a solicitors (abogados tradicionales) para su defensa, presentó una reconvención con la aparente intención de elevar los costes y la presión sobre Taquidir. La consultora reconoció abiertamente que esa reconvención 'pretendía intimidarla', pero afirmó que contó con apoyo accesible, rentable y competente en todo momento. El tribunal falló a su favor y le otorgó el dinero reclamado.

Es fundamental comprender exactamente qué hizo la IA y qué no hizo. Garfield AI realizó toda la labor jurídica previa al juicio: análisis del caso, redacción de escritos, preparación de testigos y organización del expediente documental. Sin embargo, la representación oral en sala corrió a cargo de Dominic Li, un barrister humano contratado expresamente para la vista. Li declaró al Guardian que Garfield presentó el caso de su cliente 'de forma clara y eficiente', aunque matizó que 'la defensa oral en el juicio siguió siendo esencial y un ejercicio fundamentalmente humano'. Esta distinción es clave: el mérito de la IA está en la fase de instrucción y preparación; la voz ante el juez fue humana.

Garfield AI fue autorizada por la Solicitors Regulation Authority (SRA), el organismo regulador de los abogados en Inglaterra y Gales, en abril de 2025. Su modelo de negocio está diseñado para cubrir reclamaciones de entre 30 y 10.000 libras, el segmento conocido como 'small claims' (pequeñas reclamaciones), históricamente el gran agujero negro del sistema judicial: cuantías demasiado pequeñas para justificar honorarios legales convencionales, pero lo suficientemente significativas como para causar un perjuicio real a particulares y pequeñas empresas.

Philip Young, cofundador de Garfield AI, calificó el resultado de 'momento histórico' para el acceso a la justicia. Su argumento central es económico y social: muchas pequeñas empresas y autónomos acaban asumiendo deudas incobrables no porque no tengan razón jurídica, sino porque el coste de litigar supera lo que razonablemente pueden esperar recuperar. En ese contexto, una plataforma que cobra 400 libras para gestionar una reclamación de 7.000 cambia radicalmente el cálculo.

El artículo también contextualiza este éxito dentro de un panorama más turbulento para la IA en el mundo legal. El mes anterior al fallo, el despacho internacional Pinsent Masons se refirió voluntariamente a la SRA después de haber inducido a error a un tribunal en dos ocasiones basándose en resultados de búsqueda generados por un sistema de IA interno. Este tipo de incidentes —las llamadas 'alucinaciones' de los modelos de lenguaje, que generan citas jurídicas o hechos inexistentes con apariencia de veracidad— han sacudido a la profesión legal británica y alimentado el debate sobre si la IA puede usarse con seguridad en contextos donde la precisión factual es literalmente una cuestión de justicia.

El contraste entre los dos casos es ilustrativo: Pinsent Masons, un gigante legal con amplios recursos, falló por confiar demasiado en IA sin supervisión suficiente; Garfield AI, una startup regulada y especializada, triunfó con un modelo en el que la IA hace lo que sabe hacer bien (procesar documentos, estructurar argumentos, redactar escritos) y un profesional humano asume la responsabilidad de la representación oral. El modelo híbrido, al menos en este caso, funcionó.

Desde la perspectiva de la inteligencia artificial agéntica, el caso de Garfield AI es especialmente relevante. No estamos ante un chatbot que responde preguntas legales o un asistente que sugiere cláusulas contractuales: estamos ante un sistema que actúa como agente jurídico autónomo, toma decisiones sobre la estrategia procesal, redacta documentos con efectos legales reales y coordina la interacción con el sistema judicial. Que ese agente haya actuado dentro de un marco regulado —con autorización expresa de la SRA— y con un humano en el punto crítico de la representación oral sugiere un modelo de gobernanza que podría ser referencia para otras jurisdicciones.

En resumen: una consultora de RRHH pagó 400 libras a una IA, recuperó 7.000 libras ante un juez inglés, y la profesión legal lleva semanas digiriendo las implicaciones. La pregunta que queda en el aire no es si la IA puede ganar juicios —ya lo ha hecho— sino a qué velocidad este modelo se escala, qué fronteras regulatorias se irán moviendo y qué ocurre cuando la IA no solo prepara el caso, sino que también argumenta en sala.