700 millones de cámaras y un dilema sin resolver: cómo la IA convierte la vigilancia china en un espejo incómodo para el resto del mundo

Por Momentum IA · 28 de junio de 2026.

La cifra es difícil de asimilar a escala humana: 700 millones de cámaras desplegadas por ciudades, carreteras, estaciones y aeropuertos de China. El economista José Ramón Riera lo tradujo a una proporción más comprensible durante una reciente intervención pública: una cámara por cada dos habitantes, más dispositivos instalados que habitantes tiene toda Europa. Pero el número, por sí solo, sería anecdótico sin lo que lo convierte en un sistema cualitativamente distinto a cualquier red de videovigilancia anterior: la integración de inteligencia artificial capaz de identificar personas, reconstruir desplazamientos y analizar comportamientos prácticamente en tiempo real.

Lo que China ha construido no es una versión ampliada del circuito cerrado de televisión que conocemos en centros comerciales o aeropuertos. Es una infraestructura donde el reconocimiento facial, el análisis automatizado de imágenes y el cruce masivo de datos convierten cada cámara en un nodo de una red cognitiva continua. Las autoridades chinas argumentan que el sistema reduce la delincuencia, mejora la seguridad ciudadana y optimiza la gestión de grandes urbes. El problema es que eficacia operativa y garantía de derechos no son la misma cosa, y la historia demuestra que raramente van de la mano sin regulación explícita.

El aspecto más relevante del debate, sin embargo, ya no es China. Como señaló Riera, «esto ya no solo está pasando en China». Los sistemas de reconocimiento facial que nacieron en laboratorios estadounidenses se han replicado en decenas de países, incluidos los europeos; los aeropuertos de media Europa utilizan lecturas biométricas de forma rutinaria. La diferencia entre el modelo chino y los modelos occidentales no es tecnológica, sino normativa: el Reglamento General de Protección de Datos europeo, la reciente AI Act de la UE —que prohíbe la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos salvo excepciones tasadas— y la existencia de sistemas judiciales independientes establecen un perímetro de control que en China sencillamente no existe del mismo modo. Pero ese perímetro es poroso y está bajo presión constante: gobiernos de distinto signo en Europa han solicitado en los últimos años ampliar el uso policial de reconocimiento facial, y cada atentado o crisis de seguridad renueva ese impulso.

Riera lo formuló con claridad política: «cada vez que haya un gobierno que quiera tenernos más controlados, habrá más cámaras». Es una observación que va más allá del régimen chino. La demanda de vigilancia no es ideológicamente neutral ni geográficamente localizada; es una respuesta a la inseguridad percibida que puede emerger en cualquier sistema político cuando la presión social supera el umbral de tolerancia al riesgo. Las herramientas de IA han abaratado enormemente el coste marginal de cada nuevo nodo de observación: añadir una cámara inteligente a una red ya existente cuesta una fracción de lo que costaba hace una década, y su rendimiento analítico ha mejorado de forma exponencial.

Esto plantea una pregunta prospectiva que las democracias no pueden seguir aplazando: ¿cuál es el modelo de gobernanza que queremos para la vigilancia algorítmica del espacio público? La referencia orwelliana que utilizó Riera es, en cierto modo, demasiado cómoda: el 1984 de George Orwell describía un Estado que vigilaba activamente para reprimir la disidencia. Lo que estamos viviendo es más ambiguo y, por eso, más difícil de combatir: sistemas que se instalan con argumentos de seguridad legítimos, cuyo uso puede derivar hacia el control político sin que ningún momento sea claramente el cruce de la línea roja.

Como contexto del sector, cabe señalar que la industria global de videovigilancia inteligente mueve decenas de miles de millones de dólares anuales, con actores chinos como Hikvision o Dahua entre los mayores exportadores mundiales de hardware. Europa y Estados Unidos han comenzado a restringir la compra de equipos de estas empresas para infraestructuras críticas, pero la penetración previa en mercados municipales y privados es ya considerable. La cadena de suministro de la vigilancia está, en la práctica, globalizada.

El punto de llegada no es necesariamente pesimista. La tecnología de reconocimiento biométrico puede tener usos genuinamente beneficiosos: localizar personas desaparecidas, identificar sospechosos en investigaciones penales con garantías judiciales, gestionar flujos de tráfico sin implicar datos personales. El reto está en construir marcos regulatorios que distingan esos usos de la vigilancia masiva indiscriminada, y en dotarlos de mecanismos de supervisión independiente con dientes reales. La AI Act europea es un primer paso; su aplicación efectiva, pendiente de consolidarse, dirá si sirve de cortafuegos o de papel mojado.

Lo que el caso chino pone sobre la mesa, en definitiva, no es una amenaza externa y lejana. Es el espejo más nítido disponible de adónde puede llegar cualquier sociedad cuando la IA de vigilancia escala sin límites democráticos. Mirarlo con frialdad, sin demonizar la tecnología ni ignorar sus implicaciones, es el ejercicio intelectual y político más urgente que tenemos por delante.