Medio litro de agua por cada cien palabras: la huella hídrica de la IA que nadie ve

Por Momentum IA · 29 de junio de 2026.

Tres estudiantes de Abogacía y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) hicieron lo que los grandes laboratorios de IA suelen evitar: poner números concretos sobre la mesa y preguntar a la gente si los conocía. La ocasión fue el II Encuentro de Estudiantes de Facultades de Derecho de la Red de Universidades Católicas, celebrado en la sede San Juan de la Universidad Católica de Cuyo, con delegaciones de trece facultades de todo el país. La ponencia, titulada 'El lado invisible de la Inteligencia Artificial', no vino de un think tank ni de una ONG medioambiental: vino de jóvenes que estudiando Derecho y encíclicas papales encontraron una grieta entre lo que la sociedad cree saber sobre tecnología y lo que realmente ocurre dentro de un centro de datos.

El dato que vertebra la investigación es sencillo pero revelador: generar un texto de aproximadamente cien palabras mediante inteligencia artificial puede requerir cerca de medio litro de agua para refrigerar los servidores que procesan esa solicitud. Es una cifra que, aislada, puede parecer pequeña. Multiplicada por los miles de millones de consultas diarias que reciben plataformas como ChatGPT, Gemini o Claude, se convierte en un consumo hídrico de escala industrial. Las autoras —María del Pilar García Porta, Paz Trinadori y Anna Paula Gómez, acompañadas por los docentes Sergio Daniel Mencarelli y Diana Moralejo— realizaron además una encuesta anónima entre 255 personas en la ciudad de Santa Fe. El 97 % consideró que el acceso al agua potable debe reconocerse como derecho humano fundamental. Sin embargo, más de la mitad desconocía que la IA consume agua en su operación, y solo una parte estimó necesaria una regulación específica sobre ese consumo.

Esta brecha entre valores declarados y conocimiento real es, en sí misma, un hallazgo político. No basta con que una sociedad apoye el agua como derecho: necesita comprender de dónde se drena ese recurso. La invisibilidad es el mecanismo perfecto para que el consumo escale sin fricción social. Nadie protesta por lo que no ve. Y la industria tecnológica, en general, ha sido maestra en mantener esa invisibilidad: los centros de datos se instalan lejos de los usuarios, en parques industriales o zonas rurales, y la 'nube' tiene precisamente esa virtud semántica de evocar algo etéreo, sin peso, sin huella.

Nuestra lectura es la siguiente: el problema de fondo no es la IA en sí, sino la ausencia casi total de marcos regulatorios que obliguen a reportar su impacto ambiental con la misma rigurosidad con que se reportan, por ejemplo, las emisiones de CO₂ en la industria manufacturera. Hoy, un fabricante de cemento debe declarar cuántos litros de agua usa por tonelada producida. Un proveedor de modelos de lenguaje, no. Esa asimetría regulatoria es lo que hace que investigaciones como la de estas estudiantes resulten casi arqueológicas: excavan datos que deberían estar publicados en los informes de sostenibilidad de cada empresa.

El contexto regional añade una capa de urgencia. Mientras las estudiantes desarrollaban su trabajo, la provincia de Santa Fe reformaba su Constitución Provincial e incorporaba expresamente en el Artículo 34 el derecho al agua y a un ambiente sano, reconociendo el agua como bien colectivo esencial. Que un territorio con el río Paraná en su puerta —y con una historia de inundaciones y sequías que hace del agua un tema existencial— empiece a blindar ese derecho a nivel constitucional es una señal de que la preocupación no es académica: es estructural. Y la pregunta que sigue es si esa protección constitucional llegará alguna vez a regular también el consumo hídrico de infraestructuras digitales que operan, muchas veces, en otras jurisdicciones pero cuyo impacto es global.

No es casual que el marco teórico de la ponencia apele a las encíclicas Laudato Si' y Laudate Deum del Papa Francisco. Más allá del contexto confesional del encuentro, esos documentos articulan con precisión una crítica al paradigma tecnocrático que naturaliza el uso intensivo de recursos en nombre del progreso. Es una crítica que trasciende lo religioso: señala que la tecnología sin ética de los límites se convierte en una forma de externalizar costos hacia los más vulnerables —quienes no tienen acceso garantizado al agua y cargan con las consecuencias de su escasez— para beneficiar a quienes sí pueden pagar por servicios digitales avanzados.

Ahora bien, Momentum IA no suscriba el catastrofismo fácil. La IA también tiene un enorme potencial para optimizar el uso del agua: desde modelos de predicción de sequías hasta sistemas de riego de precisión que reducen el consumo agrícola —que representa, en contexto del sector, cerca del 70 % del agua dulce utilizada a nivel mundial. El problema no es la herramienta; es la dirección en que apunta. Una IA que ayuda a un agricultor en el norte argentino a regar con exactitud quirúrgica puede devolver al sistema hídrico mucho más de lo que consume en refrigeración. Pero esa ecuación solo cierra si hay voluntad política de orientar el desarrollo tecnológico hacia esos fines, y si la ciudadanía está informada para exigirlo.

A largo plazo, la trajectoria es esperanzadora: los modelos de IA se están volviendo progresivamente más eficientes en consumo energético e hídrico; la investigación en chips neuromórficos y computación en el borde promete reducir drásticamente la dependencia de grandes centros de datos; y la presión regulatoria —todavía tímida, pero creciente en Europa y en algunos estados de EE. UU.— empieza a exigir mayor transparencia. Pero el corto plazo es el que vivimos hoy, y en ese corto plazo millones de personas en regiones con estrés hídrico comparten un planeta con infraestructuras digitales que beben agua sin reparar en la escasez ajena.

Que ese análisis lo estén haciendo tres estudiantes universitarias en una ponencia de congreso —no un equipo de consultores pagados por una fundación— dice algo valioso sobre cómo se están formando las próximas generaciones de juristas e internacionalistas en la Argentina. La investigación como 'horizonte profesional', en palabras de García Porta, es exactamente la actitud que la transición tecnológica necesita: gente que mire debajo de la superficie, que conecte el uso cotidiano de un chatbot con el Artículo 34 de una Constitución Provincial, y que se pregunte quién paga, con qué recursos, el costo de la inteligencia artificial.