Dacca automatiza la multa de tráfico con IA: eficiencia real, pero 38.000 sanciones sin resolver revelan que el cuello de botella no es la cámara

Por Momentum IA · 30 de junio de 2026.

La Policía Metropolitana de Dacca (DMP) ha expandido su red de vigilancia inteligente a 19 intersecciones de la capital bangladesí, la última incorporación en Lake Road, un corredor de alta seguridad adyacente al Parlamento nacional. El comisionado Mosleh Uddin Ahmed anunció que el sistema acumula ya 1.500 casos registrados automáticamente. Las cámaras, conectadas en tiempo real al Centro de Mando de la DMP, detectan exceso de velocidad, cambios de carril peligrosos, motocicletas sin casco, aparcamiento ilegal y obstrucción del tráfico. Al detectar una infracción, generan la denuncia electrónica sin que ningún agente tenga que interceptar el vehículo.

Hasta aquí, la historia de éxito que el comunicado quiere contar. Pero hay un dato que el comisionado deslizó casi de pasada y que merece más atención: **38.000 citaciones por infracción siguen pendientes de resolución**. Es decir, la maquinaria de detección funciona a un ritmo que el aparato judicial y administrativo no puede absorber. No es un problema menor: cuando la acumulación de expedientes sin resolver supera con creces la capacidad de tramitación, el efecto disuasorio real —la razón de ser de cualquier sistema sancionador— se diluye. Una multa que llega meses tarde, o que nunca se cobra, es ruido, no señal.

**Nuestra lectura:** este caso de Dacca ilustra con nitidez una tensión que veremos repetirse a escala global conforme la IA se despliega en servicios públicos del Sur Global: la automatización de la *detección* es técnicamente barata y rápida de instalar; la reforma del *proceso* detrás —gestión de expedientes, notificaciones, cobros, recursos— es lenta, costosa y políticamente engorrosa. Bangladés no está solo en esto. Ciudades de India, Kenia, Indonesia o Brasil están adoptando cámaras similares y se encontrarán con el mismo cuello de botella: no es la IA lo que falla, sino la infraestructura institucional que tiene que convertir esa detección en consecuencia real.

Hay además una dimensión que el artículo no aborda y que conviene no ignorar: las cámaras se han instalado, entre otros motivos, en una zona catalogada como de movimiento VVIP —es decir, de altas autoridades del Estado—. En contextos donde las instituciones tienen menor rendición de cuentas, los sistemas de vigilancia ubicuos pueden derivar con facilidad hacia usos distintos a la seguridad vial. No hay acusación aquí —la fuente no ofrece indicios de ello—, pero es el tipo de infraestructura que exige marcos legales claros sobre qué datos se retienen, quién puede acceder a ellos y con qué fines, algo que el comunicado oficial omite completamente.

En términos de tendencia de largo plazo, la automatización de la aplicación de normas de tráfico tiene un potencial genuino: reduce la exposición de los agentes a situaciones peligrosas, elimina la discrecionalidad arbitraria —y la corrupción que a veces la acompaña— y puede mejorar la seguridad vial de forma mensurable. El propio comisionado señaló que el trazado de Lake Road propicia el exceso de velocidad y los cambios de carril peligrosos que provocan accidentes frecuentes; cualquier mejora en la fluidez y el cumplimiento de normas tiene un valor humanitario concreto. A largo plazo, sistemas así, bien gobernados, salvan vidas.

Pero ese «bien gobernados» es la parte difícil. Y los 38.000 expedientes sin resolver son, por ahora, la medida más honesta de cuánto queda por construir.